Según los principales índices internacionales, España es hoy una de las democracias más sólidas y consolidadas del mundo. Y ese logro importa ahora más que nunca, porque la democracia tal y como la conocemos se encuentra amenazada. En muchas de las principales potencias ya gobierna una ultraderecha que se alimenta del malestar de nuestro tiempo, siembra el odio entre la gente y multiplica los bulos en las redes sociales, contando para ello con el respaldo de las élites económicas y los tecnooligarcas. Ante desafíos tan complejos como la migración, la emergencia climática, la guerra o la revolución digital, la ultraderecha siempre ha ofrecido las respuestas más cobardes: levantar muros, señalar al diferente y recortar libertades.
España no es ajena a esta ola reaccionaria. También aquí se cuestionan consensos que creíamos asentados, desde la igualdad entre mujeres y hombres, hasta los derechos de las personas LGTBI o la convivencia en la diversidad. Ante esto, la derecha tradicional, en lugar de levantar un dique frente a la ultraderecha, ha decidido copiar sus ideas y sus formas, convencida de que el miedo y la crispación le darán los votos que necesita para gobernar.
Pero se equivoca. Desde 2018, el Gobierno progresista ha demostrado que la mejor respuesta al odio es más democracia, más derechos y más libertades. También en el mundo, donde hemos situado a España en el lado correcto de la historia: con Ucrania frente a Putin, con el reconocimiento del Estado de Palestina y con la defensa de la paz en Gaza, y sin aceptar el 5 % del PIB en gasto militar, porque la seguridad de Europa no puede construirse a costa de nuestro Estado del bienestar.
Hemos conseguido alcanzar una democracia más fuerte y más limpia. Renovamos el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de bloqueo del PP, protegimos a quienes denuncian la corrupción y aprobamos la reforma del artículo 49, la primera reforma social de nuestra Constitución.
Hemos ampliado derechos y libertades. España es hoy el país europeo más avanzado en derechos LGTBI, según el Rainbow Map 2026 de ILGA-Europe. Hemos aprobado la Ley Zerolo y la Ley de Paridad. Y la cultura cuenta hoy con la mayor inversión de la democracia.
Hemos reforzado la convivencia y la seguridad. Contamos con las mayores plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil de nuestra historia, España sigue entre los países más seguros de su entorno y hemos ampliado las vías para una migración humanitaria, ordenada, legal y segura.
Y hemos puesto las instituciones al servicio de la gente. Los Tribunales de Instancia han sustituido a los juzgados del siglo XIX, la reforma laboral ha hecho del contrato indefinido la norma para la juventud y Mi Carpeta Ciudadana acerca la Administración a millones de personas. Pero aún queda mucho por hacer.
Reforzar la Constitución y el ordenamiento jurídico para una nueva generación de derechos La Constitución de 1978 ha sido el gran pacto de convivencia que ha hecho posible el periodo más largo de libertad, estabilidad y progreso de nuestra historia. Casi cincuenta años después, España necesita actualizarla para proteger mejor los derechos de la ciudadanía y asegurar que lo conquistado no tenga marcha atrás, gobierne quien gobierne. En 2024 ya dimos un paso importante con la reforma del artículo 49, que eliminó el término “disminuidos” y reconoció los derechos de las personas con discapacidad. Los socialistas proponemos avanzar con nuevas reformas acordadas que refuercen el carácter social de la Constitución y amplíen los derechos fundamentales.
Por ello, impulsaremos las reformas necesarias para adaptar nuestra Constitución a las demandas de nuestro tiempo.
Compromisos
365. Blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, garantizando el derecho de las personas mayores a una pensión digna, suficiente y actualizada. 366. Reforzar la garantía constitucional de los derechos sociales, avanzando en la protección efectiva como derechos fundamentales de la salud y la vivienda 367. Reconocer constitucionalmente el derecho a la seguridad climática y el acceso al agua potable. 368 368. Blindar los principales avances en derechos y libertades civiles, garantizando la máxima protección jurídica del matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. 369. Profundizar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, consolidando la actualización constitucional iniciada con la reforma del artículo 49. 370 370. Incluir en el código civil la figura de la unión de amistad. Crearemos una nueva figura jurídica de unión de amistad que dotará de un amparo legal a aquellas situaciones en las que personas unidas por un vínculo de amistad o compañerismo deciden asumir un compromiso mutuo de cuidados. La constitución de esta unión
permitirá desplegar beneficios para quienes formen parte de ellos. Reconocemos otras formas de convivencia y de cuidados: porque también es familia la que elegimos. 371 371. Crear un escaño ciudadano en el Congreso y en el Senado, sin voto, para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas, y reducir las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular. 372. Impulsar la participación juvenil y la profundización democrática, rebajando la edad de voto a los 16 años, fortaleciendo los consejos de juventud y ampliando los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas. 373. Suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo.
Juventud El Gobierno progresista ha impulsado avances en derechos y oportunidades para la juventud. La reforma laboral ha reforzado la estabilidad en el empleo, favoreciendo la contratación indefinida y limitando el abuso de la temporalidad. El aumento de las becas y las ayudas de residencia y la ampliación de la Formación Profesional han contribuido a reducir las barreras económicas para estudiar.
Pero persisten muchos retos: el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y la insuficiencia de los ingresos dificultan la emancipación y obligan a aplazar los proyectos de vida de la juventud. Persisten barreras económicas y territoriales en la educación y dificultades para recibir una atención adecuada en salud mental. A estos obstáculos materiales se añade la expansión de la desinformación, los discursos de odio y la discriminación digital, que debilitan la igualdad de derechos y la convivencia democrática.
Compromisos
374. Impulsar la participación juvenil y la profundización democrática, fortaleciendo los consejos de juventud, apoyando el asociacionismo juvenil y rebajando la edad de voto a los 16 años. 375. Crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, vinculada al Consejo de la Juventud de España para garantizar que las decisiones públicas incorporen una visión de largo plazo y de justicia intergeneracional. 376. Regular por ley el Consejo de la Juventud de España y establecer un marco 376 jurídico para los consejos de juventud autonómicos y locales que garantice su personalidad jurídica, independencia, autonomía, autogestión, pluralidad y financiación estable, reconociéndolos como interlocutores institucionales de la
juventud y vinculando a este sistema de participación la figura del Defensor de las Generaciones Futuras. 377. Combatir la precariedad laboral juvenil y mejorar las condiciones de trabajo, aprobando el Estatuto del Becario. 378. Reforzar la educación pública y la igualdad de oportunidades, aumentando la financiación educativa y ampliando becas y ayudas. 379. Fortalecer la sanidad pública y la atención a la salud mental, mejorando el acceso de la juventud a la atención psicológica. 380. Promover el acceso a la cultura, el deporte y un ocio saludable. 381. Garantizar el acceso a una vivienda asequible y facilitar la emancipación juvenil.
Un Estado autonómico que funciona: cooperación, autogobierno y cohesión La España de las autonomías es uno de los grandes logros de nuestra democracia: ha acercado los servicios públicos a la ciudadanía, ha reconocido nuestra diversidad y ha impulsado el desarrollo de todos los territorios. Casi cincuenta años después, el reto no es recentralizar ni fragmentar, sino hacer que el Estado autonómico funcione mejor: con más cooperación entre administraciones, con instituciones que representen de verdad a los territorios y con un compromiso firme con la igualdad de derechos, se viva donde se viva.
Compromisos
382. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, haciendo coincidir sus circunscripciones con el ámbito autonómico. 383. Institucionalizar la Conferencia de Presidentes. La convocaremos con una periodicidad fija y un reglamento que garantice el seguimiento de sus acuerdos, y reforzaremos las conferencias sectoriales como espacio ordinario de cogobernanza. 384. Aprobar una ley de cooperación interadministrativa. Ordenará los instrumentos de colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales, incluida la respuesta coordinada ante emergencias, y reducirá la conflictividad competencial. 385. Reconocer la pluralidad lingüística en las instituciones comunes. Consolidaremos el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales y lo extenderemos a la atención de la Administración General del Estado en los territorios donde son oficiales. 386. Reforzar la autonomía local. Actualizaremos la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para clarificar las competencias municipales y el papel de
diputaciones, cabildos, consejos insulares y áreas metropolitanas, de modo que puedan prestar con garantías los servicios que la ciudadanía les reclama. 387. Atender las singularidades territoriales. Desarrollaremos plenamente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su condición de región ultraperiférica, y aprobaremos un plan integral para Ceuta y Melilla que refuerce su conectividad, sus servicios públicos y su desarrollo económico.
Impulsar una política migratoria regular, humana y eficaz España necesita una migración ordenada, legal y segura, que responda a sus necesidades demográficas y económicas. Desde 2018 hemos ampliado las vías legales para residir y trabajar en España, modernizado la normativa de extranjería y reforzado la cooperación con los países de origen y de tránsito para combatir a las mafias y salvar vidas.
Queremos seguir avanzando en esta dirección: simplificar los trámites, dar seguridad jurídica, impulsar la contratación en origen, agilizar la homologación de títulos y facilitar el acceso al empleo, para aprovechar el talento de quienes vienen a vivir y trabajar aquí. Ante el aumento de las crisis humanitarias, España seguirá siendo un puerto seguro para las personas refugiadas, con una política migratoria unida a la cooperación al desarrollo y a la defensa del derecho internacional.
La integración es un compromiso de doble sentido, con derechos y obligaciones para todos. Desplegaremos el Plan de Integración y Ciudadanía para reforzar la formación, el empleo, la educación y la sanidad, porque la mejor respuesta al racismo y la xenofobia es una convivencia en igualdad de oportunidades.
Compromisos
388. Desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con una dotación inicial de 500 millones de euros y la colaboración de las administraciones públicas y los agentes sociales, para favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad. 389. Ampliar las vías legales y seguras de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida y asilo, con mecanismos para el reasentamiento y visados humanitarios, financiación estable y atención especializada en salud mental, educación, traducción e integración social.
390. Promover la integración participación social, cívica y política de las personas inmigrantes, apoyando el asociacionismo, reforzando los espacios de participación ciudadana e impulsando su implicación en la vida pública. 391. Garantizar un sistema de acogida digno, robusto y una protección internacional efectiva, reforzando la protección especialmente de los niños, niñas y adolescentes que lleguen solos, situando siempre el interés superior del menor en el centro de nuestra política.
Fomentar la diversidad, luchar contra el racismo y garantizar la igualdad de trato Nadie debe sufrir discriminación por su sexo, origen étnico o racial, orientación o identidad sexual, expresión de género, discapacidad o edad. Hemos impulsado la Ley 15/2022, conocida como Ley Zerolo, que refuerza los instrumentos para prevenir y combatir cualquier forma de discriminación. También hemos puesto en marcha el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia y reforzado el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) para prevenir los discursos de odio y apoyar a las víctimas. Seguiremos combatiendo los bulos que culpan a las personas migrantes de problemas sociales complejos, con información rigurosa y basada en datos, y daremos a conocer su contribución a nuestra economía y a nuestra sociedad.
Compromisos
392. Desarrollar plenamente la Ley Zerolo, poniendo en funcionamiento la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. 393. Impulsar la aprobación de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, reforzar la lucha contra los discursos de odio y la discriminación en el entorno digital, combatiendo los bulos y la desinformación. 394. Promoveremos un Pacto de Estado contra los Discursos y Delitos de Odio con la participación de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales para reforzar el compromiso político y social con la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas de discursos y delitos de odio hacia los colectivos vulnerables. 395. Estableceremos una dotación presupuestaria adecuada y suficiente para la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (AINODI), garantizando el correcto desempeño de sus funcione 396. Continuaremos impulsando políticas públicas contra el antigitanismo, aprobando el segundo plan operativo de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y
Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 y promoviendo su participación en la vida pública y en los espacios de representación. 397. Impulsaremos, junto a las organizaciones representativas del pueblo gitano, una Comisión Estatal de Trabajo para desarrollar la igualdad de trato, la participación institucional, la inclusión social y el reconocimiento cultural, incluyendo un Plan Estatal para la modernización y continuidad del comercio ambulante. 398. Desarrollar la Estrategia Nacional del Pueblo Gitano 2021-2030 con su segundo plan operativo y más financiación, reforzando la lucha contra el antigitanismo, el Instituto de Cultura Gitana y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Una tecnología al servicio de la gente La revolución tecnológica puede hacernos la vida más fácil, pero hoy buena parte de su poder está en manos de unos pocos tecnooligarcas que anteponen sus beneficios a nuestros derechos. Hacen negocio con nuestros datos y con la atención de nuestros hijos e hijas, se lucran amplificando el odio y los bulos y pretenden situarse por encima de las leyes democráticas. Hemos demostrado que se puede impulsar la innovación y defender los derechos a la vez. Llevamos al Congreso la ley que eleva a 16 años la edad mínima para usar redes sociales, obliga a las plataformas a verificar la edad y hace responsables a sus directivos de los delitos que se cometan en ellas. También llevamos la ley contra los deepfakes sin consentimiento y la que permite exigir que se rectifique un bulo en las redes. Instamos por primera vez a la Fiscalía a investigar la violencia sexual digital contra menores en las grandes plataformas. Y hemos llevado a Europa y a Naciones Unidas la protección de la infancia frente a las plataformas y la inteligencia artificial.
Porque no basta con alejar a los menores de las redes: las plataformas tienen que ser seguras por diseño, y lo que es delito fuera de internet no puede quedar impune dentro. Ahora daremos el siguiente paso: en el primer año de legislatura aprobaremos la ley de protección de los menores en los entornos digitales y la ley de gobernanza de la inteligencia artificial. Daremos a la CNMC los poderes necesarios para hacer cumplir en España la ley europea de servicios digitales. Y las denuncias de las organizaciones de protección de la infancia tendrán prioridad, para que las plataformas retiren cuanto antes los contenidos y las cuentas que ponen en riesgo a niños y niñas. No estamos en contra de la tecnología, estamos a favor de que tenga reglas. Porque en democracia las reglas las ponen los ciudadanos, no los dueños de las plataformas.
Compromisos
Proteger a la infancia y la juventud en los entornos digitales
399 399. Establecer a 16 años la edad mínima para usar redes sociales. Aprobar en el primer año de legislatura la Ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La edad mínima solo podrá rebajarse cuando las plataformas demuestren que son seguras por defecto. La ley incluirá la verificación obligatoria de la edad, la restricción de los diseños y algoritmos adictivos y la responsabilidad de los directivos por los delitos que toleran en sus plataformas. 400. Hacer invisibles a los menores para los adultos desconocidos. Obligar por ley a que el contenido de las cuentas de menores sea invisible por defecto para los adultos que no conocen: sin comentarios de quienes no les siguen, sin aparecer en las recomendaciones de tipo “Para ti” y sin plantillas de edad y foto ni tendencias de “novio virtual” en sus cuentas. Pedir además expresamente a la Comisión Europea que lo exija en el procedimiento abierto contra TikTok en el marco del Reglamento de Servicios Digitales. 401. Verificar la edad sin entregar datos a las plataformas. Generalizar una herramienta pública y anónima de verificación de la edad, integrada en la cartera digital, para que las plataformas comprueben que el usuario tiene la edad mínima sin conocer su identidad. 402. Proteger a los menores frente a los chatbots de inteligencia artificial. Restringir el uso libre de los asistentes conversacionales de IA a menores de 16 años sin consentimiento parental, y obligar a las empresas a detectar conductas de riesgo (autolesiones, dependencia emocional o contenidos sexuales) y a activar alertas. 403. Liderar la protección de la infancia en Europa y en Naciones Unidas. Impulsar una edad mínima común de acceso a las redes sociales en toda la Unión Europea y ampliar la coalición internacional para proteger a la infancia frente a la inteligencia artificial.
Derechos en la era de la inteligencia artificial
404. Dar rango de ley a la Carta de Derechos Digitales. Convertir en ley la Carta de Derechos Digitales de 2021, incluido el derecho a ser atendido por una persona en cualquier servicio público y a que ninguna decisión que nos afecte se tome solo de forma automatizada, sin revisión humana. 405. Proteger nuestra imagen y nuestra voz frente a la inteligencia artificial. Aprobar una nueva Ley Orgánica del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
adaptada a la realidad digital, que proteja frente al uso no consentido de la imagen y la voz, limite la reutilización de contenidos privados publicados en redes y refuerce las garantías para los menores aunque haya consentimiento formal. 406. Aprobar la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Garantizar la supervisión humana de las decisiones que afecten a la ciudadanía, el etiquetado obligatorio de los contenidos generados o manipulados con IA y la prohibición de los deepfakes sin consentimiento, el respeto del derecho de los creadores, con sanciones de hasta 35 millones de euros. 407. Aprobar una Ley de Transparencia Algorítmica. Establecer auditorías independientes de los sistemas de IA que afecten a derechos, con herramientas públicas de verificación desarrolladas por la AESIA, y crear un Observatorio Público de Discriminación Algorítmica con universidades y agentes sociales.
Democracia frente a los tecnooligarcas
408. Que ninguna plataforma esté por encima de la ley. Dar a la CNMC los poderes necesarios para hacer cumplir en España el Reglamento europeo de Servicios Digitales, exigir responsabilidad penal a los directivos de las plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio y tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales. 409. Pactar la gobernanza de la IA en el trabajo. Alcanzar con los agentes sociales un pacto que garantice transparencia, supervisión humana y derecho a revisar las decisiones automatizadas. Auditar los algoritmos que se usan en la selección, la evaluación, la promoción o el despido para evitar la discriminación, y limitar la vigilancia digital a lo estrictamente necesario. 410. Medir el odio en las redes con HODIO. Publicar periódicamente la Huella del Odio y la Polarización de cada plataforma y endurecer las sanciones para que nadie pueda ganar dinero con el odio. 411. Aprobar una Estrategia integral frente a la desinformación. Basada en la transparencia, el pluralismo, la protección de la libertad de expresión y la supervisión independiente.
Seguir liderando los derechos LGTBI La igualdad de las personas LGTBI forma parte de la identidad del proyecto socialista. En 2026, España ocupa el primer puesto europeo en derechos LGTBI según el Rainbow Map de ILGA-Europe, fruto de décadas de lucha del movimiento LGTBI y del compromiso de los
gobiernos socialistas. En esta legislatura hemos desarrollado la Ley 4/2023 con las primeras estrategias estatales para la igualdad LGTBI y la inclusión de las personas trans.
Además, hemos reforzado la protección frente a la discriminación laboral, ampliado los derechos de las familias LGTBI, impulsado la prohibición de las terapias de conversión, mejorado la atención a las víctimas con el servicio 028 Arcoíris y avanzado en la memoria democrática LGTBI.
Pero la discriminación y la violencia persisten, sobre todo contra las personas trans. Nuestro compromiso es reforzar la protección frente a la LGTBIfobia y garantizar que estos derechos se cumplan en todo el territorio, gobierne quien gobierne en cada comunidad, sin un paso atrás.
Compromisos
412. Garantizar que la Ley 4/2023 sea el suelo común de derechos de las personas LGTBI en toda España, de modo que ningún retroceso autonómico deje sin protección a nadie por razón de su lugar de residencia y una nueva Ley de Familias que reconozca su diversidad. 413. Impulsar un Pacto de Estado contra los discursos y delitos de odio, con la participación de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales, reforzando la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas. 414. Culminar la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas «terapias de conversión», retomando la iniciativa legislativa impulsada durante la anterior legislatura. 415. Impulsar la inclusión social y laboral de las personas trans, garantizando el acceso y la continuidad de los tratamientos hormonales. 416. Incorporar medidas específicas de prevención, reducción de daños y atención al chemsex en la Estrategia Nacional sobre Adicciones y en las políticas de salud mental. 417. Aprobar un Plan Estatal contra el acoso escolar y en el deporte, con formación, protocolos de actuación y medidas de protección. 418. Reforzaremos la acción internacional de España en defensa de los derechos LGTBI e impulsando la adopción internacional para familias LGTBI. 419. Impulsar una campaña estatal de sensibilización contra el estigma y la discriminación asociados al VIH, difundiendo el principio Indetectable = Intransmisible (I=I) y promoviendo la igualdad de trato y la eliminación de prejuicios.
Proteger la memoria democrática La memoria democrática es una cuestión de Estado y un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. Con la Ley de Memoria Democrática las hemos situado en el centro de las políticas públicas. Hemos reconocido y reparado a miles de víctimas y a sus familias, y hemos impulsado el mayor esfuerzo de exhumaciones de nuestra democracia para devolverles su nombre y su dignidad. También hemos creado el Banco Estatal de ADN y las Fiscalías de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y facilitado la nacionalidad a los descendientes del exilio. A ello se suman la resignificación de Cuelgamuros, la declaración de Lugares de Memoria Democrática en todo el territorio, la retirada de simbología franquista y la conmemoración de los 50 años de España en libertad.
Compromisos
420. Completar el Plan de Exhumaciones, finalizar el Censo de las Víctimas de la Guerra y la Dictadura y ampliar las medidas de reconocimiento y reparación. 421. Culminar la resignificación del Valle de Cuelgamuros, mediante la puesta en marcha de su Centro de Interpretación. 422. Ampliar la red de Lugares de Memoria Democrática, retirar simbología franquista y avanzar en la eliminación de entidades que hagan apología de la dictadura. 423. Impulsar la Memoria Democrática en la educación, la investigación y la divulgación, culminando el Centro de la Memoria Democrática y ampliando la red de cátedras universitarias. 424. Promover el estudio y la conmemoración de las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978 con motivo de su 50 aniversario.
Fomentar una seguridad ciudadana democrática La seguridad es un derecho de ciudadanía y no puede depender del barrio en el que se vive ni de lo que se puede pagar. Desde 2018 hemos alcanzado las mayores plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil de nuestra historia, modernizado sus medios y mejorado la coordinación con las policías autonómicas y locales. España se mantiene entre los países más seguros de su entorno.
Seguiremos reforzando las plantillas y los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con más presencia en los barrios y en el medio rural, y más capacidad para prevenir y combatir la ciberdelincuencia y las estafas digitales. Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que garantice la seguridad y proteja los derechos y las libertades.
Reforzaremos también la protección de las víctimas de violencia de género y de los delitos de odio.
Queremos que todo el mundo pueda vivir tranquilo y sentirse seguro en su casa, en su barrio, en su pueblo y también en internet. Porque seguridad y libertad son inseparables.
Compromisos
425. Incrementar y redistribuir los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil según la población, la dispersión territorial y las jubilaciones, reforzando la seguridad rural, las patrullas de proximidad y la coordinación con las policías locales para mejorar los tiempos de respuesta. 426 Reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia y las amenazas híbridas, creando 426. un servicio estatal de atención a las víctimas de ciberestafas, ampliando la responsabilidad de bancos y operadoras en su prevención y reembolso, y transformando el CNPIC en un Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas. 427. Intensificar la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, la trata y el terrorismo, con el primer Plan Nacional Integral contra el Narcotráfico, el refuerzo del Plan Especial del Campo de Gibraltar y más prevención de la radicalización violenta, especialmente en el entorno digital. 428. Ampliar la protección de las víctimas de violencia de género y de delitos de odio, mejorando VioGén y reforzando las unidades especializadas y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. 429. Ampliar los derechos profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil, mejorando la representación asociativa, las condiciones laborales y la carrera profesional, posibilitando el estudio del reconocimiento de la penosidad de cara a su jubilación y suprimir la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil en funciones policiales. 430. Aprobar un Estatuto Básico de los bomberos (SPEIS) con un marco común de derechos, medios, formación y salud laboral, incluida la segunda actividad. 431. Aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la Ley Orgánica 4/2015, garantizando los derechos de reunión y manifestación, un régimen sancionador preciso, identificaciones sin discriminación y cámaras corporales en toda la Policía Nacional y Guardia Civil con garantías de protección de datos.
Impulsar una justicia de calidad En esta legislatura hemos emprendido la mayor transformación de la Justicia en décadas. Los Tribunales de Instancia han sustituido a los juzgados unipersonales del siglo XIX, hemos digitalizado el acceso a los tribunales y aprobado la primera ley orgánica del derecho de defensa. Con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, además, la ocupación ilegal de viviendas, tanto el allanamiento de morada como la usurpación, se juzga desde abril de 2025 por el procedimiento de juicios rápidos. Hemos creado becas para que acceder a la carrera judicial no dependa del dinero de cada familia y hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial tras años de bloqueo del PP.
Ahora queremos una Justicia que llegue a tiempo: juicios por despido y desahucio en un máximo de tres meses, desalojo de viviendas ocupadas en 48 horas y más jueces y fiscales. Protegeremos mejor a las víctimas, empezando por los niños y niñas, reforzaremos la autonomía de la Fiscalía y sustituiremos por fin la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
Compromisos
432. Extender a todo el territorio el modelo Barnahus y ampliar las secciones de violencia sobre la infancia, para que ningún niño o niña víctima tenga que relatar lo vivido más de una vez. 433. Aprobar una nueva ley de justicia gratuita que amplíe su cobertura a colectivos como las víctimas de abusos inmobiliarios y mejore las condiciones del turno de oficio, y reforzar las Oficinas de Atención a las Víctimas y la formación especializada en violencia de género para evitar la revictimización. 434. Ampliar las plantillas judiciales y fiscales y acabar con el abuso de la temporalidad mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos, respetando los principios de mérito y capacidad. 435. Reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal con pruebas anonimizadas y casos prácticos, un sistema público y opcional de preparación y el blindaje de las Becas Seré, y reforzar la transparencia con un registro público de preparadores, autorización de compatibilidad para quienes preparen oposiciones y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales y fiscales. 436. Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, con un mandato de cinco años para la Fiscalía General del Estado desvinculado de la legislatura y la prohibición de instrucciones del Gobierno sobre casos concretos, y aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882 y atribuya la investigación a la Fiscalía bajo supervisión judicial.
437. Modernizar la Administración de Justicia con la digitalización y la inteligencia artificial para agilizar los procedimientos y las reclamaciones frecuentes, extender el lenguaje claro en las resoluciones y actualizar el Derecho de familia y sucesiones, incluida la regulación del legado digital. 438. Seguir combatiendo la ocupación ilegal de viviendas. Sobre la base de la puesta en marcha de juicios rápidos para el allanamiento de morada y la usurpación que existen desde 2025, seguiremos combatiendo las mafias de la ocupación y dando recursos a los juzgados de guardia para tramitar de forma ágil y efectiva estos delitos.
Alcanzar una administración pública de calidad para unos servicios públicos mejores La Administración es lo que convierte los derechos en realidades. En esta legislatura las ofertas de empleo público han vuelto a crear empleo neto, especialmente en áreas clave como las emergencias, la protección civil y la digitalización. Además, el Acuerdo Marco firmado con los sindicatos marca el camino hacia un empleo público más estable y profesional. Mi Carpeta Ciudadana facilita ya a millones de personas el acceso a sus expedientes y notificaciones.
En los próximos años, cualquier persona podrá ser atendida por un empleado público sin cita previa, también en el medio rural. Las prestaciones sociales se resolverán en un máximo de 30 días o se reconocerán de oficio. Ninguna Administración volverá a pedir un documento que ya tiene y nadie perderá un derecho por no ver una notificación. Una nueva Ley de Función Pública reducirá la temporalidad y aprovechará el relevo generacional. Queremos una Administración que resuelva problemas, no que los cree.
Compromisos
439. Garantizar que toda persona pueda ser atendida por un empleado público, en persona o por teléfono, sin cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración del Estado, y crear oficinas itinerantes en las comarcas rurales que no tengan oficina permanente. 440. Garantizar que ninguna Administración vuelva a pedir a la ciudadanía un documento que ya tiene, conectando los sistemas de todas las administraciones y simplificando los trámites. 441. Acompañar todas las notificaciones electrónicas de un aviso por SMS o correo electrónico, para que nadie pierda una prestación o un plazo por no haberla visto.
442. Utilizar la inteligencia artificial para agilizar la gestión y liberar a los empleados públicos de tareas repetitivas, siempre con supervisión humana y protección de derechos. 443. Aprobar una nueva Ley de Función Pública que reduzca la temporalidad, garantice convocatorias regulares, aproveche el relevo generacional para incorporar los perfiles que necesitan los servicios públicos y consolide una dirección pública profesional basada en el mérito.
Ampliar la democracia, transparencia e integridad pública La confianza en las instituciones se gana con hechos. En 2025 aprobamos el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y en la próxima legislatura lo completaremos con la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública que creará una Agencia Independiente de Integridad y una ley de lobbies para hacer transparente el proceso de toma de decisiones.
Compromisos
444. Crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, vinculada al Consejo de la Juventud de España para garantizar que las decisiones públicas incorporen una visión de largo plazo y de justicia intergeneracional. 445. Aprobar una Ley Orgánica de Integridad Pública y una Estrategia Nacional Anticorrupción con mapas de riesgos en todas las administraciones, y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que coordine los organismos de supervisión y refuerce la protección de quienes denuncian. 446. Aprobar una ley de grupos de interés, con registro obligatorio, publicidad de sus reuniones y huella normativa, y ampliar la transparencia del patrimonio, las actividades y las incompatibilidades de los cargos públicos. 447. Incorporar por ley el programa Cumpliendo, para que las diferentes administraciones rindan cuentas del cumplimiento de sus compromisos. 448. Reforzar el control de la contratación, las subvenciones y la financiación política con análisis de datos y trazabilidad del gasto, y ampliar el acceso a la información pública sobre agendas, gastos institucionales y evaluación independiente de las políticas.
Impulsar la cultura, un bien esencial de la gente, un deber público La cultura es un derecho y un sector estratégico para el país. En esta legislatura ha contado con la mayor dotación presupuestaria de la democracia: más de 2.500 millones de euros del Plan de Recuperación, el impulso del Spain Audiovisual Hub y la rehabilitación del patrimonio en todo el territorio. En los próximos años aprobaremos una Ley General de Cultura y culminaremos el Estatuto del Artista para dar estabilidad a quienes viven de ella, y garantizaremos que los creadores cobren por el uso de sus obras en la inteligencia artificial. Acercaremos la cultura a toda la ciudadanía con un abono de cine para jóvenes, una estrategia de lectura, bibliotecas y archivos más abiertos y apoyo a las asociaciones culturales y a las escuelas de música.
Compromisos
449 Aprobar una Ley General de Cultura que garantice los derechos culturales, la 449. libertad de creación y una financiación estable, y reformar la ley de mecenazgo para movilizar más inversión privada en cultura. 450. Culminar el Estatuto del Artista y crear la Oficina Española de Derechos de Autor, reforzando la lucha contra la piratería y garantizando que los creadores autoricen y cobren por el uso de sus obras en el desarrollo de la inteligencia artificial. 451. Impulsar una Estrategia Nacional de Competencia Lectora y reforzar las bibliotecas públicas y escolares y las librerías de proximidad. Abrir la Biblioteca Nacional a toda la ciudadanía, permitir el alta en línea en bibliotecas, archivos y centros de investigación del Estado y digitalizar los archivos históricos. 452. Reformar la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para reforzar la producción independiente, la distribución y la exhibición, mejorando los incentivos fiscales desde una mesa de diálogo y diagnóstico compartido con el sector. 453. Crear un abono de cine de 15 euros al mes para menores de 25 años, en colaboración con el sector, y reforzar el Bono Cultural Joven. 454. Culminar la reforma del INAEM, con planes específicos para el flamenco, la danza, el circo y la música, más residencias artísticas y circuitos de exhibición, un plan de conservación del patrimonio musical y un programa de cofinanciación de escuelas municipales de música junto a ayuntamientos y comunidades autónomas. 455. Culminar los grandes proyectos culturales del Estado, como el Centro Nacional de Fotografía de Soria, el Museo Arqueológico de Sevilla, el Salón de Reinos del Prado y Tabacalera, con financiación plurianual y atención al patrimonio rural, y abrir los edificios del patrimonio a la ciudadanía.
España en Europa y en el mundo.