España tiene una deuda histórica con las mujeres. Les debemos siglos de voz, oportunidades e igualdad arrebatados. Por eso hoy, frente a una ola reaccionaria que amenaza décadas de conquistas, reafirmamos nuestra ambición de seguir avanzando. Las mujeres vuelven a situarse en la vanguardia de la lucha democrática y su fuerza es también la que mueve al PSOE. Porque cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad.
A lo largo de su historia, el PSOE ha convertido las reivindicaciones feministas en derechos y libertades que han transformado España. Desde 2018, hemos impulsado el mayor paquete de reformas en igualdad de las últimas décadas, actuando sobre tres grandes ámbitos: la igualdad en el empleo, los derechos de las mujeres y su libertad sexual y reproductiva y la lucha contra la violencia machista. De este modo, nuestro país se ha convertido en un referente internacional en políticas de igualdad y no discriminación. España ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea en el Índice de Igualdad de Género de 2025, solo por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca, consolidándose entre los países europeos más avanzados en igualdad.
Durante estos años hemos reducido a mínimos históricos las brechas de género en el mercado de trabajo y apostado por la conciliación y la corresponsabilidad. En 2025 alcanzamos el máximo histórico de más de 10,45 millones de mujeres ocupadas, que representan ya el 47 % de la afiliación a la Seguridad Social. Hemos extendido los planes de igualdad a empresas de 50 o más personas trabajadoras y establecido registros retributivos y auditorías salariales. La brecha salarial se redujo del 21,4 % en 2018 al 15,7 % en 2023. Hemos incrementado el SMI un 66 %, lo que beneficia especialmente a las mujeres, mayoría entre quienes perciben los salarios más bajos. Hemos reconocido el derecho a la prestación por desempleo y mejorado las condiciones de las trabajadoras del hogar, poniendo fin a una discriminación histórica. Hemos creado el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, compensando el impacto de los cuidados en las carreras laborales. Hemos aprobado la Ley de Representación Paritaria, para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión política, institucional y empresarial. Hemos ampliado e igualado los permisos de paternidad y maternidad, pasando de 5 a 19 semanas. Hemos impulsado el Plan Corresponsables, financiado con más de 1.000 millones de euros. Y hemos reformado e inyectado más recursos al sistema de dependencia para facilitar un reparto equilibrado de los cuidados.
Hemos continuado avanzando en los derechos de las mujeres y en su libertad sexual y reproductiva. Hemos reformado la legislación para garantizar el acceso al aborto de las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, reconocer nuevos derechos menstruales y reproductivos y castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Hemos reforzado las medidas contra la gestación subrogada, reconocida como una forma de violencia reproductiva, y en 2025 prohibimos la inscripción directa en el Registro Civil de los nacimientos mediante esta práctica en el extranjero. Y hemos ampliado la duración y triplicado el anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros mensuales por hijo o hija, para reforzar la protección económica frente al impago de pensiones alimenticias.
Y, por último, hemos combatido con determinación la lacra de la violencia machista en todas sus formas de expresión. Con recursos y con reformas legislativas. Impulsamos la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2018 y lo renovamos en 2025, ampliándolo de 290 a 461 medidas. Hemos incorporado nuevas formas de violencia machista y destinado 1.500 millones de euros para los siguientes cinco años. Hemos superado el compromiso adquirido con la Unión Europea de crear 52 centros de atención a víctimas de violencia sexual, alcanzando los 61. Y hemos mejorado la protección económica y las indemnizaciones de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género.
Sin embargo, son muchos los retos que España tiene por delante en su conquista de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En primer lugar, pese a los avances en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, persisten desigualdades estructurales que afectan a la calidad del empleo, los salarios y las oportunidades profesionales. La igualdad real no se alcanza únicamente con el reconocimiento de derechos, sino garantizando la autonomía económica de las mujeres. Combatir la feminización de la pobreza es otro de los grandes desafíos para alcanzar la igualdad efectiva.
Por otro lado, la corresponsabilidad constituye también un reto estructural. Las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente los cuidados y las tareas domésticas, con consecuencias directas sobre su autonomía económica y su desarrollo profesional. El cuidado debe reconocerse como un derecho de todas las personas y una responsabilidad colectiva, garantizando también los derechos de quienes cuidan.
Finalmente, crecen nuevas formas de violencia machista: la violencia económica, la violencia sexual alimentada por una pornografía que fetichiza las agresiones contra las mujeres, la trata, la banalización de la prostitución, la violencia digital o la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres a través de los vientres de alquiler. Nuestro reto es que mujeres
y niñas víctimas de cualquier forma de violencia de género cuenten con la protección, justicia y acompañamiento necesarios para recuperar su proyecto de vida.
Nuestro objetivo es, en definitiva, la construcción de una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales. Tenemos ante nosotras y nosotros el desafío de garantizar que la sociedad continúe la senda de los avances civilizatorios impulsados por el feminismo frente a la involución negacionista que se pretende instalar por parte de la derecha y la ultraderecha. Mientras ellos, allí donde gobiernan, debilitan los organismos de igualdad, recortan en la lucha contra la violencia machista, censuran los programas de coeducación y niegan el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, los y las socialistas respondemos con más feminismo, más igualdad y más derechos.
Mismo trabajo, mismo salario, mismas oportunidades: más igualdad para combatir la feminización de la pobreza A pesar de su incorporación creciente al mercado de trabajo, las mujeres siguen concentrando la parcialidad no deseada, los salarios más bajos y las carreras laborales interrumpidas. Estas desigualdades se acumulan a lo largo de su vida, repercuten en sus prestaciones y pensiones y apuntalan la feminización de la pobreza. Por ello, nos comprometemos a continuar avanzando hacia la igualdad salarial, el empleo de calidad y la autonomía económica de las mujeres.
Compromisos
306. Reforzar la transparencia retributiva y la igualdad salarial, revisando categorías profesionales y complementos que infravaloran los trabajos feminizados, fortaleciendo la negociación colectiva, la Inspección de Trabajo y el cumplimiento efectivo de los planes de igualdad. 307. Impulsar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y liderazgo, eliminando barreras profesionales y favoreciendo la presencia femenina en sectores estratégicos y de mayor valor añadido. 308. Combatir la parcialidad involuntaria y la precariedad laboral, garantizando empleos estables, jornadas previsibles y protección frente a la discriminación por embarazo, maternidad o ejercicio de derechos de conciliación. 309. Incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, reconociendo y previniendo los riesgos y enfermedades que afectan específicamente a las mujeres. 310. Avanzar hacia la plena igualdad en ciencia e innovación, mediante una Estrategia Nacional de Género que elimine las brechas existentes, promueva la
participación de las mujeres en todos los ámbitos científicos y proteja la libertad de investigación en materia de igualdad. 311. Impulsar el liderazgo de las mujeres en la tecnología y promover una orientación académica y profesional libre de estereotipos de género, fomentando la presencia de niñas y jóvenes en disciplinas STEAM y de hombres en los sectores educativos y de cuidados. 312. Reducir la brecha digital de género, garantizando conectividad, formación y acompañamiento para mujeres mayores, rurales o en situación de vulnerabilidad. 313. Reforzar la igualdad en la universidad y la investigación, impulsando los estudios feministas, la perspectiva de género en la ciencia y una mayor presencia y visibilidad de las mujeres investigadoras. 314. Impulsar una Estrategia Estatal contra la feminización de la pobreza, reforzando la protección social, el acceso al empleo digno y el acceso prioritario a la vivienda de las mujeres en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el impacto de los cuidados sobre sus trayectorias laborales y pensiones. 315. Mejorar la medición y la protección frente a la pobreza de las mujeres, incorporando indicadores multidimensionales, abordando específicamente el sinhogarismo femenino y reforzando el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones. 316. Promover el emprendimiento femenino, facilitando financiación, formación, acompañamiento y redes de apoyo para proyectos liderados por mujeres, especialmente en el medio rural y en la economía digital. 317. Reforzar la autonomía económica de las mujeres rurales, impulsando su participación en sectores estratégicos, promoviendo la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el cooperativismo femenino, el acceso a servicios y el retorno del talento al medio rural. 318. Facilitar la reincorporación al empleo tras periodos dedicados a los cuidados, mediante itinerarios de recualificación, reconocimiento de cualificaciones, formación digital, acreditación de competencias y acompañamiento hacia empleos de calidad.
Más corresponsabilidad y más tiempo para vivir en igualdad: por el derecho a unos cuidados dignos, compartidos y garantizados Las tareas domésticas y de cuidados siguen recayendo, fundamentalmente, sobre las espaldas de las mujeres. Superar esta desigualdad exige servicios públicos de cuidados suficientes y accesibles, condiciones laborales compatibles con la vida y un reparto
equilibrado de las responsabilidades entre mujeres y hombres. Por ello nos comprometemos a reconocer los cuidados como un derecho social y una responsabilidad colectiva, desarrollando un sistema público de cuidados suficiente, accesible, coordinado y con cobertura en todo el territorio.
Compromisos
319 319. Aprobar una Ley de Usos del Tiempo de Trabajo, promoviendo horarios racionales, la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida salarial, la desconexión digital y la conciliación sin penalizaciones profesionales. 320. Crear un Indicador Nacional de Brechas de Tiempo, que permita evaluar periódicamente la distribución de los cuidados y del tiempo entre mujeres y hombres. 321. Promover la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y las tareas domésticas, impulsando cambios educativos, culturales y laborales que favorezcan una participación equilibrada. 322 322. Dignificar y reconocer el trabajo de cuidados, reforzando la financiación de los servicios, la profesionalización del sector y la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, así como de las cuidadoras principales igualando su remuneración al SMI. 323. Reforzar los servicios de apoyo ante necesidades familiares sobrevenidas, asegurando recursos de cuidados para situaciones de urgencia y horarios no convencionales. 324. Garantizar la conciliación durante todo el año, ampliando los recursos educativos, de ocio y de cuidados en periodos no lectivos y prestando especial atención al medio rural, las familias monoparentales y las personas dependientes. 325. Ampliar y fortalecer los derechos de conciliación familiar, mediante la retribución de los permisos parentales y por cuidados, su extensión a familias monoparentales y personas autónomas, y la mejora de las medidas de adaptación y reducción de jornada para el cuidado de menores hasta los 16 años. 326. Ampliar y fortalecer los derechos de conciliación familiar, mediante la retribución de los permisos parentales y por cuidados, adaptándolos además a familias monoparentales y personas autónomas; mejorando las medidas de adaptación y reducción de jornada para el cuidado de menores y ampliándolas hasta los 16 años
Más salud, más libertad para decidir: en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de una sanidad sin sesgos de género La salud de las mujeres ha sido durante demasiado tiempo una cuestión secundaria. La investigación médica se ha construido tomando el cuerpo masculino como modelo, derivando en diagnósticos tardíos, síntomas ignorados y enfermedades poco estudiadas. Además, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están en el punto de mira de la internacional reaccionaria. Esta ofensiva amenaza la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Por ello, nos comprometemos a defender una sanidad pública que investigue con perspectiva de género y garantice el acceso efectivo a todos los derechos sexuales y reproductivos. Frente a quienes cuestionan las libertades de las mujeres, ni un paso atrás.
Compromisos
327 327. Blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Impulsaremos la reforma del artículo 43 de la Constitución, iniciada en 2026, para reforzar la garantía del derecho al aborto en condiciones de igualdad en todo el territorio frente a los intentos de retroceso. 328. Garantizar el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, reforzando la educación, la prevención y la atención específica a las mujeres con discapacidad. 329. Fortalecer la protección frente a la explotación reproductiva, reforzando la prohibición de la gestación por sustitución y la persecución de las actividades de intermediación y promoción. 330. Reforzar las garantías y controles en los procesos de donación de óvulos, asegurando la protección de la salud, la dignidad y los derechos de las mujeres. 331. Desarrollar una Estrategia de Salud de las Mujeres, incorporando la perspectiva de género en la investigación, el diagnóstico y los tratamientos, con especial atención a la menopausia, la endometriosis, las enfermedades cardiovasculares, el dolor crónico y la salud mental. 332. Impulsar y desarrollar el trabajo del Observatorio de Salud de las Mujeres, para detectar, evaluar y corregir los sesgos de género presentes en el sistema sanitario.
El negacionismo mata: por una sociedad libre de violencias machistas La violencia contra las mujeres es el sostén de la desigualdad y adapta sus formas a cada avance tecnológico y social. Los gobiernos socialistas han impulsado leyes que han transformado la vida de las mujeres. Pero las cifras siguen siendo insoportables. Según una Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer del Ministerio de Igualdad de 2024, el 12,7 % de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual de su pareja en algún momento de su vida, y el 11 % de las madres ha dejado de cobrar alguna vez la pensión de alimentos de su expareja. La violencia económica (impago de pensiones, rentas o cuotas hipotecarias y ocultación de bienes para eludir las cargas familiares) genera situaciones de vulnerabilidad que requieren una respuesta específica. Por ello, nos comprometemos a garantizar una protección efectiva y evitar la revictimización a través de recursos especializados, respuestas coordinadas y una evaluación permanente de la actuación institucional.
Compromisos
333. Aprobar una nueva Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas, profundizando en la prevención, protección y respuesta frente a las nuevas formas de violencia contra las mujeres. 334. Desarrollar un Plan Estatal de Formación en Violencia de Género, con formación obligatoria, continua y evaluable para operadores jurídicos, personal judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 335 335. Aprobar una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria como manifestación de la violencia de género, para garantizar la protección, prevención y atención a las víctimas. 336. Crear unidades especializadas de atención y acompañamiento a familiares y víctimas ante los feminicidios. 337. Garantizar la valoración forense del riesgo en todos los juzgados de violencia sobre la mujer, mediante equipos multidisciplinares especializados. 338. Ampliar la protección a los huérfanos y huérfanas de la violencia de género, extendiendo las ayudas hasta los 26 años y reforzando los sistemas de seguimiento y evaluación. 339. Reforzar la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, garantizando protocolos efectivos, comités especializados, protección frente a represalias y atención integral a las víctimas.
340. Crear una red pública de salud mental especializada en trauma complejo y violencia machista, dirigida a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia de género. 341. Reforzar la atención especializada a las víctimas con discapacidad y a las mujeres mayores de 65 años, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos y el reconocimiento de las familias monomarentales formadas por víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 342 342. Aprobar una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos, y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, prohibiendo el proxenetismo en todas sus formas y reconociendo a las personas prostituidas como víctimas con plenos derechos 343. Impulsar un Programa Estatal de Liberación, Protección y Reparación para mujeres víctimas de servidumbre por deudas en el sistema prostitucional, garantizando alojamiento seguro, apoyo económico, asistencia jurídica y psicológica, alternativas laborales y protección efectiva de sus derechos. 344. Garantizar la coeducación y la educación afectivo-sexual obligatorias en todas las etapas educativas, como herramientas fundamentales para prevenir la violencia de género y promover relaciones igualitarias. 345. Desarrollar un protocolo integral de prevención, detección y actuación frente a la violencia de género y la violencia vicaria en el ámbito educativo, reforzando la formación del profesorado y la coordinación con los servicios especializados. 346. Incorporar la agravante de género en los delitos económicos, cuando la víctima sea la esposa, exesposa o mujer con la que exista o haya existido una relación de pareja. 347. Crear un registro público de deudores por impago de pensiones de alimentos, alquileres o cuotas hipotecarias vinculadas a la vivienda familiar.
Iguales también en la red: más derechos y más seguridad para las mujeres en el entorno digital El espacio social y de convivencia se ha extendido al entorno digital y ocupa un lugar central en nuestras vidas. Las tecnologías ofrecen nuevas oportunidades, pero también reproducen y amplifican las desigualdades que sufren las mujeres. La violencia digital, incluida en el último Pacto de Estado, es el conjunto de agresiones sexuales, psicológicas y sociales que se ejercen a través de las redes sociales, la mensajería, el correo electrónico y la inteligencia artificial. Su objetivo es silenciar, controlar y humillar a las mujeres y expulsarlas del nuevo
espacio público. Nos comprometemos a garantizar un entorno digital seguro, democrático y libre de violencia, que proteja los derechos de las mujeres y su participación en igualdad.
Compromisos
348. Combatir la violencia sexual digital y el acoso, vigilancia y control digital contra las mujeres. Reforzaremos la prevención, persecución y reparación frente a los deepfakes sexuales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la pornovenganza, la difusión de agresiones sexuales y las nuevas formas de explotación sexual a través de plataformas digitales. Y pondremos coto a la geolocalización abusiva, el uso de software espía, la suplantación de identidad, la difusión de datos personales y las campañas organizadas de hostigamiento en redes sociales. 349 349. Tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales, adaptando el Código Penal a los desafíos planteados por la inteligencia artificial generativa. 350. Incorporar las violencias digitales a la Ley Integral contra la Violencia de Género, ampliando su alcance más allá de la pareja o expareja y actualizando los protocolos de atención frente al acoso en redes, la difusión de imágenes sin consentimiento, la suplantación de identidad y el control digital. 351. Transponer plenamente la Directiva Europea contra la violencia hacia las mujeres, reforzando la persecución del ciberacoso, el ciberacecho, la difusión de imágenes íntimas y la incitación al odio y la violencia en línea. 352. Establecer medidas cautelares y penas digitales, incluyendo la prohibición de acceso a redes sociales y servicios de mensajería utilizados para delinquir, así como órdenes de alejamiento digital. 353. Extender el modelo abolicionista a la explotación sexual en entornos digitales y combatir el proxenetismo digital y las nuevas formas de explotación sexual en internet, sancionando a las plataformas que obtienen beneficios de estas prácticas y reforzando la protección de las víctimas. 354. Garantizar que la inteligencia artificial y los algoritmos respeten la igualdad entre mujeres y hombres, previniendo sesgos discriminatorios en ámbitos como el empleo, la contratación, el acceso al crédito y los servicios públicos. 355. Exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales, garantizando la retirada inmediata de contenidos íntimos difundidos sin consentimiento y sancionando la difusión o monetización de la violencia digital machista.
356. Combatir la difusión de estereotipos de género y la hipersexualización en los entornos digitales, protegiendo especialmente a niñas y adolescentes frente a los impactos sobre su salud mental, autoestima y bienestar. 357. Garantizar una publicidad digital responsable, evitando la financiación de contenidos que promuevan el odio o la discriminación contra las mujeres. 358. Reforzar la protección de niñas y adolescentes en los entornos digitales, restringiendo los algoritmos adictivos y exigiendo transparencia sobre los contenidos manipulados mediante filtros o inteligencia artificial. 359. Apoyar los litigios estratégicos contra las violencias digitales, fortaleciendo la protección jurídica de las víctimas. 360. Incorporar la violencia digital a las estadísticas oficiales, mejorando su medición y seguimiento en los sistemas públicos de información.
Igualdad en las instituciones, voz en la vida pública La violencia política contra las mujeres constituye una amenaza para la igualdad y para la calidad de nuestra democracia. El acoso, las amenazas, los ataques sexistas y las campañas de desinformación buscan silenciar a quienes participan en la vida pública y limitar la presencia de las mujeres en los espacios de representación y debate. La violencia y la ciberviolencia deben abordarse como una cuestión estructural de igualdad y democracia, y no como una suma de episodios aislados. Por ello, nos comprometemos a reforzar los mecanismos de prevención, protección y respuesta, para que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su participación en la vida pública.
Compromisos
361. Crear un Cuerpo Superior de Especialistas en Políticas de Igualdad en la Administración General del Estado, garantizando una aplicación profesional, estable y transversal de las políticas de igualdad. 362. Crear un Observatorio sobre Violencia Política contra las Mujeres y Desinformación de Género, para investigar, analizar y prevenir estas formas de violencia. 363. Reforzar la protección de las mujeres con presencia pública (periodistas, representantes políticas, activistas y creadoras de contenido) frente al odio y el silenciamiento digital, garantizando asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, acompañamiento especializado y mecanismos eficaces frente al acoso y la violencia digital, al tiempo que se facilita la identificación de los autores de conductas delictivas en redes y plataformas digitales.
364. Reforzar el seguimiento y cumplimiento de la Ley de Paridad, mediante la elaboración de informes públicos periódicos sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos político, económico e institucional.
Calidad democrática, convivencia y derechos.